Archivo del Autor: susana

Es raro el día en el que en nuestros medios de comunicación no se recoge el fallecimiento, mejor dicho, el asesinato, de una mujer víctima de violencia de género. Del mismo modo, no es menos frecuente que en dichas noticias se haga referencia a la cuestión de si la víctima disfrutaba o no de una orden de protección respecto de su agresor. Pero ¿SABEMOS QUÉ ES efectivamente UNA ORDEN DE PROTECCIÓN?

Cuando hablamos de orden de protección estamos ante una MEDIDA CAUTELAR que el juez acuerda en la tramitación de un procedimiento penal. Esta medida cautelar supone una forma de protección a la víctima con el objeto de evitar que se vuelvan a producir situaciones de riesgo que desencadenen hechos como los que ha denunciado.

Sabiendo ya qué es una orden de protección, tenemos que ver cuál es el itinerario que se ha de seguir para que una víctima pueda gozar de esa protección que le ofrece el ordenamiento jurídico.

La primera pregunta a resolver es ¿Cómo se inicia el PROCESO PARA conseguir una ORDEN DE PROTECCIÓN? ¿Quién puede tomar la iniciativa para que sea tramitada?

• En primer lugar, es la víctima del delito una vez que acuda a formular su denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil a la vez que formula la misma. Esta solicitud de orden de protección debe ser tramitada por el Juzgado en un plazo máximo de 72 horas desde su solicitud.

Además, aunque en este primer momento no se haga la solicitud de orden de protección, también se puede solicitar la adopción de la orden una vez que acuda a declarar al Juzgado que corresponda junto con su declaración, e incluso por escrito ante ese mismo Juzgado. Además, la puede solicitar igualmente ante el Ministerio Fiscal o en cualquier oficina de atención a víctimas o incluso ante los servicios sociales de los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas.

• En segundo lugar, si estamos ante la circunstancia de que la víctima no formule solicitud de orden de protección, puede ser solicitada por el Ministerio Fiscal e incluso un familiar de la víctima ya sea, su cónyuge, pareja, ascendientes, descendientes, o hermanos. Incluso puede ser adoptada por el Juez por decisión propia a la vista de las circunstancias o la gravedad de los hechos.

Dentro de ese plazo de 72 horas, el Juzgado cita a víctima y agresor a la celebración de una comparecencia a la que cada uno ha de acudir cada uno asistido de su abogado; a esta comparecencia también acudirá el Ministerio Fiscal. En este trámite se tomará declaración por separado a víctima y agresor, y tras oírles, tanto Ministerio Fiscal, como los abogados de las partes, tomarán la palabra para solicitar la adopción de la orden de protección con el contenido que consideren adecuado, o bien oponerse a dicha adopción, según sus intereses

¿Tengo que presentar una denuncia para solicitar una orden de protección? La respuesta a esta pregunta es relativa, ya que puede que no exista esta necesidad absoluta de presentar una denuncia. Sin embargo, lo que sí es necesario para poder solicitar una orden de protección es la existencia de un procedimiento penal abierto, siendo indiferente cómo se haya iniciado dicho procedimiento.

Sentado lo anterior, nos tenemos que preguntar ahora por el CONTENIDO de la orden de protección. ¿En qué consiste la misma? La orden de protección tiene dos tipos de contenido completamente distinto:

• Contenido de naturaleza penal, debiendo hacer referencia a dos extremos:

• • Prohibición de aproximación a una distancia mínima de la víctima.
  • Prohibición de comunicación con la víctima a través de cualquier medio.

• Contenido de naturaleza civil, por el que se establecen las medidas relativas a los hijos menores que puedan tener en común la víctima y su agresor: guarda y custodia, régimen de visitas posible o eliminación del mismo, uso de domicilio familiar, pensión de alimentos…

Y finalmente, nos tenemos que preguntar por la DURACIÓN de esta orden de protección. Para dar respuesta a este interrogante tenemos que volver a hacer una distinción según el contenido penal y civil de la orden de protección. De tal forma que:

• Las medidas de carácter penal tienen la misma duración que el procedimiento penal en el que se han adoptado. Así, estarán vigentes hasta que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento sea firme.
• Las medidas de carácter civil únicamente tienen una duración de 30 días. De forma que dentro de ese plazo habrá que interponer la correspondiente demanda de derecho de familia solicitando que se ratifiquen estas medidas hasta que se dicte la resolución correspondiente a este proceso de familia iniciado.

A lo que no hemos referencia, es a los REQUISITOS que se deben cumplir para que por el juez se adopte esta medida cautelar de protección. Es el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se regula la orden de protección, el que nos establece estos requisitos:

• Que los hechos denunciados desprendan indicios de ser delictivos y que, igualmente, esos indicios indiquen que el denunciado podría ser el autor de los mismos.
• Que exista un riesgo objetivo para la víctima, es decir, que se desprenda que los hechos que han llevado a denunciar puedan repetirse, o incluso incrementar su violencia lesionando intereses de la víctima.

Pues bien, celebrada la comparecencia a la que ya nos hemos referido, el juez dicta la resolución, que tiene forma de Auto, por la que estima la solicitud recogiendo el contenido de la misma, o por el contrario desestima esta solicitud; resolución que se ha de notificar a las partes personalmente y no a través de sus abogados. Para el caso de que se acuerde la orden de protección, es en esa notificación cuando se requiere al denunciado para que cumpla los extremos de la orden, y las consecuencias que conlleva el incumplimiento de los mismos.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión…

En las últimas semanas, hemos escuchado en multitud de ocasiones que determinados intervinientes en procesos penales se han acogido a su derecho a no declarar. Pero ¿sabemos cuándo puede ocurrir dicha circunstancia? Y sobre todo ¿Qué personas pueden acogerse a dicho derecho?

Para dar respuesta a estas preguntas hay que partir de una diferenciación. El DERECHO A NO DECLARAR lo ostentan dos grupos de personas:

• los detenidos, investigados y acusados dentro de un proceso penal
• los testigos dentro de un proceso penal

Determinado lo anterior, la siguiente pregunta que surge es la siguiente ¿en qué consiste este derecho? Pues para responder a esta cuestión también debemos distinguir entre los dos grupos de personas que hemos indicado, ya que el contenido y las circunstancias que rodean al ejercicio de ese derecho por cada grupo es diferente.

.- EL DERECHO A NO DECLARAR PARA DETENIDOS, INVESTIGADOS Y ACUSADOS

Para analizar este derecho tenemos que partir de lo recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española. En este precepto constitucional, al regular el derecho a la tutela judicial efectiva, recoge expresamente el derecho de detenidos, investigados y acusados a no declarar. Derecho que luego cristaliza en los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Cuál es el CONTENIDO de este derecho? En la regulación que hemos mencionado se enumeran los siguientes extremos:

• Guardar silencio y no prestar declaración.
• No contestar a alguna o alguna de las preguntas que se le formulen.
• No declarar contra sí mismos.
• No declararse culpables.

Por lo tanto, se concluye que, además de no declarar, los detenidos, investigados y acusados, pueden faltar a la verdad de lo ocurrido en las respuestas que ofrecen en su declaración.

Y, sobre el momento de informar a detenidos e investigados, con independencia de que la declaración se preste en una comisaría o cuartel, o lo hagan en el Juzgado, esa información se realizará al inicio de su declaración y siempre en presencia de su abogado.

.- EL DERECHO A NO DECLARAR PARA TESTIGOS

Los testigos en un proceso penal suponen un medio de prueba que en más de una ocasión se torna fundamental para conseguir bien la condena o bien la absolución del acusado.

Por este motivo, los testigos tienen DOS OBLIGACIONES en su testimonio, recogidas en el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

• La obligación de acudir al llamamiento judicial para prestar declaración como testigo. Así, si el testigo no acude a este llamamiento judicial sin existir causa debidamente justificada para su ausencia, el juez puede decidir imponerle una multa por su ausencia. Como consecuencia de esta obligación, si la persona llamada a declarar como testigo es trabajadora por cuenta ajena, cuenta con un permiso laboral retribuido a tal efecto justificando dicha obligación de acudir al llamamiento judicial.
• La obligación de decir verdad. A tal efecto, en el momento previo a prestar su declaración se requiere al testigo para prestar juramento o promesa de decir verdad. Y ¿qué consecuencia tendría el hecho de no decir esa verdad en el testimonio? El testigo podría incurrir en delito de falso testimonio que conlleva pena de prisión.

Establecidas estas dos obligaciones de quienes deben acudir como testigos en un procedimiento judicial, observamos distintas SITUACIONES EXCEPCIONALES según se esté exento de cumplir una obligación o la otra.

Así podemos distinguir varios supuestos:

• Están exentos de prestar cualquier tipo de declaración como testigo en un procedimiento judicial las personas recogidas en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe heredero y los Regentes del Reino; así como los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados. Es decir, no tienen obligación de realizar declaración alguna como testigo.
• Están exentos de acudir al llamamiento del juez, pero no de prestar declaración, las personas recogidas en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: resto de la Familia Real, el Presidente y los demás miembros del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, El Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado, y los Presidentes de las Comunidades Autónomas; así como otra serie de personas en función con su cargo de determinadas instituciones del Estado. No tienen la obligación de acudir a la sede judicial para declarar como testigos pero sí tienen la obligación de prestar esa declaración. Así, esta declaración se prestará bien por escrito, o bien el juez se desplazará a su domicilio o despacho, atendiendo a las circunstancias de cada caso.
• Están dispensados de prestar su declaración como testigos ante el juez distintos grupos de personas atendiendo a determinados motivos, según lo recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este grupo de personas, tienen la obligación de acudir al llamamiento del juez para prestar su declaración como testigos. Pero, al comienzo de su declaración y motivado por su distinta relación con el acusado que vamos a indicar, el juez les advierte de la posibilidad de no declarar. Sin embargo, si no hiciese uso de esa dispensa y decidiese declarar, el testigo mantiene su obligación de decir verdad con las consecuencias que ya hemos indicado. Son los siguientes grupos de personas:
  • Parentesco: los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. Dentro de este grupo de personas, hay excepciones. Estas excepciones implican que, tras acudir al llamamiento judicial, no podrán hacer uso de la dispensa y deberán prestar su declaración como testigos diciendo verdad. Estamos ante estas excepciones en los siguientes supuestos:
    • Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.
    • Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
    • Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver lo que considere oportuno.
    • Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular.
    • Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.
  • Los abogados que hayan conocido determinados hechos debido a su asistencia al acusado en ejercicio de su derecho de defensa.
  • Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el acusado y los abogados que hayan conocido determinados hechos debido a su asistencia al acusado en ejercicio de su derecho de defensa.

Para finalizar, por lo tanto, concluimos que la norma general es la obligación de atender al llamamiento judicial y prestar declaración como testigo cuando eso ocurra. Y que, las excepciones existentes, lo son bien como consecuencia del cargo que el llamado ostenta, bien como consecuencia de las relaciones familiares que pudiese ostentar con el acusado.

Y ello como siempre, salvo mejor opinión.