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¿DESDE CUÁNDO SE ABONA LA PENSIÓN DE ALIMENTOS?

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Hace pocos días escuché esta frase: la conversación versa dos minutos sobre sentimientos y el resto de la reunión sobre temas económicos. Esta es la realidad de lo que ocurre cuando se acude a un despacho de abogados en situaciones de crisis familiar. Y es que, sin restar importancia a otros asuntos que hay que resolver en estas situaciones, el tema económico es fundamental cuando estamos ante la existencia de hijos menores o dependientes económicamente.

En esas conversaciones es habitual que surja una pregunta ¿desde cuándo hay que abonar la pensión de alimentos? No estamos ante una cuestión baladí, ya que los procesos de familia pueden dilatarse en el tiempo. Por lo que esta tardanza en obtener una resolución podría implicar un posible beneficio para una de las partes y un posible perjuicio para la otra. Resultando afectados, sin duda alguna, esos hijos menores o mayores dependientes económicamente beneficiarios de las pensiones en discusión.

Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha resuelto en más de una ocasión este tipo de asuntos fijando doctrina que nos da la respuesta a esa pregunta sobre la retroactividad o no de las pensiones alimenticias. Doctrina jurisprudencial que ha sido recogida y reiterada en la reciente sentencia de fecha 8 de enero de 2024.Nos encontramos ante lo que se denomina la RETROACTIVIDAD O IRRETROACTIVIDAD DE LAS PENSIONES DE ALIMENTOS.

Entonces ¿cuál es la respuesta que nos aporta el Tribunal Supremo? La jurisprudencia es clara al respecto y nos hace distinguir entre dos supuestos:

  • Cuando la pensión se instaura por primera vez
  • Cuando existe una pensión declarada y se discute la modificación de la cuantía de esa pensión.

Analizando cada uno de estos supuestos la respuesta a nuestra pregunta inicial ha de ser la siguiente:

  • Para los casos en que los alimentos se fijan por primera vez, se aplica la norma recogida en el artículo 148.1 del Código Civil. Norma que nos dice que la pensión de alimentos en este caso se ha de abonar desde el momento de interposición de la demanda.
  • Para los casos en los que ya existe una pensión que reconoce la pensión alimenticia y lo que se discute es la modificación de la cuantía de esa pensión, los alimentos se abonan desde que se dicte la resolución que resuelve esta controversia, recogiendo la norma establecida en el artículo 106 del Código Civil.

En estos casos podemos distinguir dos supuestos:

    • Aquellos en los que se ha fijado una pensión de alimentos por el Juzgado y se recurre esa resolución ante la Audiencia solicitando que aumente o reduzca la cuantía de esa pensión. En estos casos, si la Audiencia resuelve modificando la cuantía de alimentos establecida previamente, la nueva pensión de alimentos se abonará desde que se dicte la sentencia de la Audiencia.
    • Aquellos en los que, establecida una pensión de alimentos por el Juzgado, se promueve un procedimiento de modificación de medidas solicitando que se modifique esta pensión de alimentos ya establecida por el progenitor obligado al pago. En estos casos, si finalmente se modifica la pensión de alimentos, la nueva pensión se abona desde que se dicte la sentencia que acuerde la modificación.

Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en los que la modificación de medidas supone un cambio del progenitor que debe abonar la pensión de alimentos? ¿O aquellos en los que la modificación de medidas implica un cambio de custodia compartida a custodia exclusiva de uno de los progenitores y, en consecuencia, el establecimiento de una pensión de alimentos?

En estos supuestos, estamos ante una excepción a la norma de irretroactividad de las pensiones de alimentos en las modificaciones de medidas que hemos expuesto. De hecho, este es el supuesto que resuelve la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2024 que ya hemos citado. Así, la pensión de alimentos se abonaría desde la interposición de la demanda ya que se considera un supuesto de primer establecimiento de la pensión de alimentos. Aunque es necesario un requisito: que el hecho que marca la modificación de medidas sea previo a la interposición de la demanda, es decir, que los hijos menores convivan previamente con el progenitor que no resulte obligado al pago de la pensión de alimentos tras la sentencia de modificación de medidas.

Además, y ya estemos ante un supuesto de retroactividad o irretroactividad de la pensión de alimentos, hay que tener en cuenta dos extremos importantes:

  • Habrá que descontar las cantidades abonadas en concepto de alimentos por quien resulte obligado al abono para evitar pagos duplicados.
  • No procede la obligación de devolución de los alimentos consumidos, aunque la cuantía fuera reducida.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión.

¿QUIÉN TOMA LA DECISIÓN?

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Cuando una pareja con hijos se separa, con independencia de que hayan estado casados o no, necesitan organizar cómo afecta esa separación a sus hijos. Y estos efectos de la separación en relación con los hijos se establecen, bien en un convenio regulador bien en una sentencia de divorcio o guarda y custodia.

Entre esos efectos que son necesarios regular, se encuentra el establecer a quién se le atribuye la guarda y custodia de los hijos menores de edad sujetos a patria potestad. Pero ¿sabemos en qué se diferencian patria potestad y guarda custodia? El contenido de ambas figuras lo encontramos en el Código Civil:

  • La GUARDA Y CUSTODIA supone el cuidado diario de los hijos que supone la adopción de las decisiones propias del día a día.
  • La PATRIA POTESTAD es la responsabilidad que los progenitores tienen para con sus hijos menores. Y esa responsabilidad implica velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; además representarlos y administrar sus bienes, así como decidir el lugar de residencia habitual.

Sentados ambos conceptos, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo se ejerce entonces la patria potestad? El artículo 156 del Código Civil establece que este ejercicio ha de ser conjunto por ambos progenitores, circunstancia que parece difícil si los progenitores están separados. En este sentido, el Código Civil también establece que la patria potestad la puede ejercer uno de los progenitores con el consentimiento del otro o que incluso uno solo de los progenitores puede tomar aquellas decisiones que estén dentro del uso social o que sean adoptadas por razones de urgencia.

El ejercicio de la patria potestad supone tomar decisiones tan importantes en la vida de los hijos menores como optar por una educación pública, concertada o privada, escoger el centro escolar al que han de acudir esos menores, decidir sobre la profesión o no de una fe religiosa y el ejercicio de actos relacionados con la misma, decidir sobre la administración de tratamientos médicos e incluso decidir cuál va a ser la residencia habitual del menor.

El problema surge cuando no existe acuerdo entre los progenitores a la hora de tomar estas decisiones, o alguno de ellos no presta el consentimiento a que el otro tome las mismas. ¿Qué se puede hacer en ese momento? El propio artículo 156 del Código Civil establece que cualquiera de los progenitores puede acudir al juez para que le atribuya la facultad de tomar la decisión en el extremo sobre el que no existe acuerdo.

Con esta solicitud se inicia un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado que dictó la sentencia de divorcio o la de guarda y custodia, en su caso. Durante la tramitación de este procedimiento, se escuchará a ambos progenitores en relación con el objeto de la controversia; y también se escuchará al menor si tuviese suficiente madurez o siempre que sea mayor de edad. La resolución del procedimiento, que tendrá la forma de Auto, atribuirá la facultad de adoptar la decisión controvertida a uno de los progenitores.

Y ¿qué pasa si estos desacuerdos son habituales? Para estos supuestos, el Código Civil también establece que el juez podrá atribuir de forma temporal el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, o distribuir entre ambos las distintas facultades que integran la patria potestad. Esta medida únicamente podrá durar un máximo de dos años.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión.

CONVENIO REGULADOR, ¿QUÉ ES?

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Ayer 21 de enero se celebró el Día Europeo de la Mediación, que supone un método de solución de conflictos alternativo a la solución judicial. A raíz de dicha conmemoración, se publicó en prensa el dato de que más de la mitad de los procesos de separación y divorcio que se tramitan en Valladolid lo son de mutuo acuerdo.

Coincidencia o no, las consultas más habituales en el despacho en lo poco que llevamos de 2021 han sido precisamente sobre separaciones y divorcios. Cuando nos enfrentamos a estos procesos hay que partir de que tenemos dos vías por las que tramitar los mismos: de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. Bajo mi punto de vista, lo ideal es intentar siempre alcanzar un acuerdo al respecto que, en la medida de lo posible, satisfaga a ambas partes y que se adecue lo mejor posible a las necesidades de la familia. Y si este acuerdo no fuera posible, acudir a la vía contenciosa.

Pero ¿cuál es el contenido del acuerdo de divorcio o separación? Hay que tener claro que lo que pactan las partes no es el divorcio, sino los efectos de dicho divorcio. Y ese acuerdo alcanzado entre las partes se plasma en un documento, el convenio regulador, que ha de presentarse para su aprobación judicial.

El contenido concreto del convenio regulador lo encontramos regulado en el artículo 90 del Código Civil, y es el siguiente:

  • Cómo se organiza la guarda y custodia de los hijos menores de la pareja, ya sea de forma compartida por ambos progenitores o de forma exclusiva por uno de ellos.
  • Establecer un régimen de estancia y comunicación de los hijos menores con los progenitores según el régimen de custodia que se haya establecido. Incluso, si fuese necesario, el régimen de visitas de los menores con los abuelos.
  • La cuantía de la pensión de alimentos que a favor de los menores debe abonar uno de los progenitores. Así como el contenido de los gastos extraordinarios que generen esos menores y como han de contribuir los progenitores al abono de esos gastos extraordinarios.
  • La atribución del uso del que ha sido el domicilio familiar, así como el ajuar doméstico que se dispone en dicho domicilio.
  • La cuantía y duración de la pensión compensatoria que uno de los cónyuges ha de abonar al otro al resultar perjudicado económicamente por el divorcio.
  • La contribución que cada una de las partes ha de hacer para sufragar las cargas familiares: hipotecas, otro tipo de préstamos, impuestos que gravan la vivienda familiar, gastos de comunidad, etc.
  • Liquidación del régimen económico matrimonial.

Este contenido, habrá que adaptarlo a la realidad de cada matrimonio atendiendo a la existencia de hijos mayores de edad, aunque dependientes económicamente, de hijos menores, la edad de los mismos, la situación económica de cada uno de los progenitores, las circunstancias que rodean la vivienda familiar…

Igualmente, si nos encontramos ante una pareja que hayan mantenido una relación, sin casarse, y habiendo tenido hijos se enfrenten a una ruptura, también se han de regular los efectos de dicha separación, cuando esos hijos sean menores o siendo mayores sean económicamente dependientes. Y si se alcanza un acuerdo al respecto, el convenio regulador ha de tener el mismo contenido salvo aquellos extremos que hacen referencia expresa a la necesidad de la existencia de matrimonio: pensión compensatoria y liquidación del régimen económico matrimonial.

Por supuesto que cada uno de estos puntos que debe contener el convenio regulador pueden ser objeto de un post exclusivo y los trataremos más adelante, al igual que el propio proceso de divorcio, pero hasta que llegue ese momento, ojalá que esta entrada haya aclarado alguna duda.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión.